Justicia argentina pide extradición de cuatro españoles por crímenes del franquismo

Una jueza argentina pidió a España el arresto con fines de extradición de cuatro ciudadanos de ese país denunciados en Buenos Aires por su presunta relación con crímenes del régimen franquista, informó el miércoles el sitio web del Poder Judicial.
La jueza federal María Servini de Cubría “encomendó el arresto preventivo de los imputados con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria”, indicó la fuente.
La medida alcanza a Celso Galván Abascal (ex comisario de 78 años), Jesús Muñecas Aguilar (ex policía de 74), José Ignacio Giralte González (ex policía de 71) y Juan Antonio González Pacheco (ex policía de 66), según el Centro de Información Judicial (CIJ).
Todos ellos están implicados en casos de torturas durante el régimen del general Francisco Franco.
Servini de Cubría investiga en Argentina una denuncia de más de medio centenar de familiares de víctimas del franquismo durante la Guerra Civil (1936-39) y hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones legislativas tras el régimen de facto.
La causa fue abierta en Buenos Aires en 2010 en virtud del principio de justicia universal y en ella se presentaron muchas víctimas después de que el entonces juez español Baltazar Garzón, que llevaba el caso en los estrados españoles, fuera inhabilitado en 2012.
En su fallo, la jueza María Servini de Cubría sostiene que la Constitución y varios tratados internacionales ratificados por Argentina respaldan el principio de justicia universal.
“Cualquier país está habilitado para juzgar los crímenes contra la humanidad, pero a condición que no lo haya hecho el país al que incumbía el ejercicio de la jurisdicción conforme al principio de territorialidad”, precisa la magistrada en el fallo divulgado en internet.
Recuerda que España decretó una amnistía en octubre de 1977, pero aclara que la misma “no contempla los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad ni, en particular, los delitos continuados de secuestro, dentro y fuera de España, de niños de familias republicanas y su entrega a familias franquistas, ni las detenciones -desapariciones forzosas, etc”.
Para la jueza, “los tribunales españoles no tuvieron ni tienen traba legal alguna para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen franquista”.
El fallo de la magistrada en la causa caratulada “N.N. s/Genocidio” hace mención a 114.000 víctimas y 30.000 niños menores de edad de familias republicanas robadas durante el periodo de Franco.
Ricardo Huñis, abogado de la querella, manifestó a la AFP su satisfacción por el fallo y recordó que la jueza tomó distintas declaraciones testimoniales de ciudadanos españoles.
“En principio estamos contentos, aunque no es del todo satisfactoria porque nosotros pedimos la detención de nueve personas y nos hizo lugar a cuatro”, señaló el letrado.
Para Huñis, “el broche de oro fue la declaración de Garzón hace un par de meses. Fue muy contundente”, acotó.
A fines de agosto pasado, el caso tuvo un empuje contundente, tras la presentación en la causa de familiares de niños robados durante el régimen militar, que las organizaciones humanitarias españolas cifran en 30.000.
La delegación incluyó a dos presos políticos y a Soledad Luque Delgado, representante de la Asociación de Niños Robados en España.
La mujer tiene un hermano mellizo nacido en la maternidad O’Donnell en enero de 1965 y desaparecido un mes después en el centro médico.
SiBCI/AFP