"LAS MENTIRAS DEL MAJUNCHE JALABOLAS Y EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA MUD"

Relaciones inter-culturales y demarcación de territorios étnicos 86. LA MUD DICE: “La continuación del proceso de auto-demarcación de los hábitats y territorios indígenas, con la participación efectiva de las comunidades, el saneamiento de tierras, y la titulación de los derechos de propiedad y uso individuales y colectivos.”(Punto 1093). ...”La creación del Consejo Presidencial de Pueblos Indígenas, a fin de hacer viable la auto-demarcación territorial, la jurisdicción indígenas, y la definición de políticas públicas específicas para este componente de la población venezolana.”(Punto 1094) LA VERDAD: Ciertamente en este tema el Gobierno Revolucionario tiene un rezago importante también, pese a que formalmente se haya avanzado más que ningún otro gobierno en la historia del país en el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas así 55 como a los afrodescendientes. No creemos que la derecha pueda avanzar más en esta materia, cuando son sus financistas quienes en el pasado “electrocutaban” y cazaban a los “motilones” en la Sierra de Perijá apenas unas décadas atrás. Preferimos recoger la autocrítica de Vladimir Aguilar Castro aparecida en el sitio web www.aporrea.org, veamos “Es lo que está consagrado como principio en el Capítulo VIII de la carta magna. Si el gobierno nacional quiere hacer bien las cosas en cuanto a derechos territoriales indígenas, ésta puede ser su última oportunidad. Debe terminar de entender que la única manera de impulsar la demarcación como deber del Estado y como derecho de los pueblos indígenas, es a través de la propia autodemarcación. Debe de comenzar por reconocer los procesos de autodemarcación que ya han comenzado los propios pueblos y comunidades indígenas del país. Existen al menos 15 procesos de autodemarcación ya iniciados a nivel nacional que deben de ser inmediatamente validados por el gobierno nacional. Deben promoverse autodemarcaciones en aquellos territorios y con aquellos pueblos donde aún no existan, y el Estado venezolano debe ser el garante de cada una de ellas. Deben propiciarse mesas de diálogos en los territorios donde la estrategia de demarcación así lo demande, por el conjunto de intereses que acechan a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas del país. Asimismo, la titulación no puede hacerse bajo una visión agrarista sino que tiene que ser el resultado de un proceso de reconocimiento y ejercicio de derechos indígenas diferenciados. Deben de haber tantas demarcaciones como pueblos y comunidades indígenas existan en el país. No puede ser un proceso homogéneo ni que responda a esquemas preconcebidos, sino que debe ser resultado de una dinámica participativa con los propios pueblos y comunidades indígenas. En definitiva, es el momento de trascender la concepción de un Estado liberal del cual aún no nos hemos podido desprender a pesar de todo lo consagrado en la Constitución, pues sus sustentos descansan en una visión de integridad territorial y de soberanía del siglo XVII (Westfalia 1648), por la de un Estado multiétnico y pluricultural del siglo XXI, todavía por edificar. De pronto esta sea la principal apuesta de lo que se va a decidir en octubre del 2012: trascendemos el Estado liberal y westfaliano o seguimos sucumbiendo en y ante él.”(Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) Universidad de los Andes. (www.aporrea.org) Gestión Integral del Riesgo y Reducción de Desastres 87. LA MUD DICE: “Vincular proactiva y sistemáticamente al sector privado, al sector académico, a las organizaciones no gubernamentales y a las organizaciones de base en las comunidades, para la implementación de las actividades de prevención, mitigación y reducción del riesgo de desastres a nivel local.”(Punto 1104) LA VERDAD: Es importante recalcar que la prevención de desastres está íntimamente vinculado con la red de atención médica, además de otras instituciones como bomberos, cuerpos de seguridad ciudadana, instituciones educativas y otras más. Además de factores culturales y de organización popular. Sin embargo es de hacer notar la insistencia de la MUD en que la solución (no que se involucren, cuestión que resultaría normal) está en vincular “sistemáticamente al sector privado, al sector académico, a las organizaciones” en actividades de prevención, etc... Recordemos cómo andaban las cosas cuando el sector privado venía ganando terreno en el área de la salud, eje fundamental de cualquier plan creíble de prevención de desastres. “A lo largo de la década de los noventa, la capacidad resolutiva [37] de la red asistencial se hizo críticamente insuficiente [21]. Las listas de espera para cirugías y atención ambulatoria especializada fueron extensas y fue frecuente la carencia o insuficiencia de insumos esenciales para la atención de las personas. La red no contaba con planes de mitigación y prevención de emergencias y desastres. Esta situación, creada por la desinversión pública, sirvió para justificar la decisión de privatizar los servicios de salud y la renuncia al derecho a la salud como responsabilidad del Estado.”(Fuente: Barrio Adentro: Derecho a la salud e inclusión social en Venezuela - Caracas: OPS/OMS para Venezuela, 2006.) Transporte y Vialidad 88: LA MUD DICE: “Se diseñará e iniciará en los primeros meses del gobierno un Programa de Recuperación y Mantenimiento Vial de carreteras, autopistas y obras conexas, con énfasis en la gestión descentralizada, generación de empleo en mantenimiento vial y participación de la empresa privada.”(Punto 56 1126). ...”Se procederá a la reinstitucionalización del sector transporte aéreo, a fin de separar las funciones de control de tráfico aéreo de los de la autoridad aeronáutica (INAC). En tal sentido, en el marco de la descentralización los aeropuertos serán operados y mantenidos por los estados, bajo la óptica de la posibilidad de implementar concesiones bien diseñadas y administradas.”(Punto 1140) LA VERDAD: El dogma neoliberal de la privatización queda aquí al desnudo, sin eufemismos. La metodología empleada daba fatiga de lo simple que resultaba, los “dirigentes” políticos y sus adláteres tecnócratas precipitaban (o manificaban públicamente) el natural deterioro de obras de infraestructura vial a las cuales no se les hacía inversiones significativas, y paso siguiente (en la onda privatizadora de los años 70, 80 y 90) se entregaban las “concesiones”. Recordemos el caso más emblemático de estas benditas concesiones y qué ocurrió después cuando Venezuela tuvo la desdicha de caer en manos del CIADI (donde los pueblos no ganan una): “La lógica neoliberal de los gobiernos puntofijistas consistió en auspiciar el colapso de las obras y servicios públicos para que fueran a parar a manos privadas. Paralelamente, se creaba una matriz de opinión en la que se presentaba al Estado como un ente incapaz de mantenerlos y administrarlos. De esta manera, el Estado asumía una política de abandono de la infraestructura y servicios públicos como escuelas, universidades, ambulatorios y hospitales, mientras aumentaba progresivamente el número de institutos y clínicas privadas sin ningún tipo de control estatal. Asimismo, el Estado abandonó la administración de los servicios de luz, gas, combustible y redes viales como la autopista Caracas-La Guaira, que fue víctima del abandono y del sabotaje sistemático, como cuando “apareció” la famosa “mancha negra” que terminó por asegurar la privatización de su administración.” ”El contrato, con una vigencia de 30 años, fue firmado el 23 de diciembre de 1996 por el entonces Ministro de Transporte y Comunicaciones, general Moisés Orozco Graterol - ¿militar en gobierno puntofijista? - y el consorcio mexicano-venezolano Autopista Concesionada de Venezuela, Aucoven, el cual abarcaba la “construcción, explotación, conservación y mantenimiento del sistema vial de la autopista Caracas-La Guaira y de la carretera vieja Caracas-La Guaira y de sus servicios conexos.” (El Universal, 28-05-97) No obstante, el contrato adolecía de lapsos o fechas precisas para la culminación de las obras, pero incluía cláusulas nefastas para la nación que hacía al Estado responsable y sujeto a multas y demandas millonarias por cualquier retraso.” “El consorcio privado prometió la construcción del nuevo viaducto en dos años, pero a falta de fondos propios, sus operaciones iniciales se enfocaron en trabajos menos costosos, argumentando la espera de un crédito internacional que le permitiera iniciar la construcción del viaducto. Este crédito sería pagado en 30 años con lo que se recaudara por concepto de peaje, el cual debió ser aumentado en un 2 mil por ciento de 5 a 100 bolívares.” “Precisamente, ante la imposibilidad de cumplir el contrato, el consorcio Aucoven tomó suficientes previsiones para beneficiarse de una eventual controversia con el Estado. El 30 de junio de 1998, a tan solo 5 meses de la contienda electoral en la que sería electo Hugo Chávez como presidente, y con la complicidad y corruptela puntofijista, el gobierno de Caldera autorizó la transferencia del 75% de las acciones de Aucoven a la empresa estadounidense Icatech, la cual se convirtió en accionista mayoritaria. Al pasar a control extranjero, el consorcio Aucoven se aseguraba un arbitraje internacional para la solución de la controversia ya planteada con el Estado.” “Efectivamente, el 13 de junio de 2000, Aucoven notificó a Venezuela que daba por terminado el contrato y procedió a demandar al Estado venezolano. El gobierno del presidente Chávez intentó defender a la nación de la estafa que había cometido el gobierno de Caldera, argumentando que con la transferencia de acciones, el consorcio Aucoven no podía ser tratada como un nacional de los Estados Unidos. Sin embargo, un tribunal internacional determinó que las partes habían escogido definir el término “control extranjero”, lo cual fue suficiente para considerarla nacional de otro Estado contratante.”(Fuente: www.aporrea.org El Viaducto y la política neoliberal puntofijista Autor: Antonio Guillermo García Danglades) Este caso lo perdió Venezuela ante el CIADI, organismo brazo ejecutor de sentencias contra los pueblos y sus soberanías (Caso CIADI No. ARB/00/5 – Aucoven c/Venezuela) ¿Será que de nuevo la MUD nos quiere 57 conducir a este estado de cosas? Telecomunicaciones 89. LA MUD DICE: “Estimular y atraer la inversión nacional y extranjera mediante políticas e incentivos tributarios, cambiarios y laborales, que impulsen el desarrollo de la producción nacional de hardware y software y el establecimiento de redes y de infraestructura de telecomunicaciones e informática.”(Punto 1157). ...”Multiplicar el otorgamiento de nuevas concesiones y habilitaciones e impulsar el desarrollo y el mantenimiento de las existentes, mediante políticas que incentiven la inversión, mantengan la competencia y permitan el crecimiento del PIB del sector en función de una mejor oferta para el consumidor.”(Punto 1158) LA VERDAD: En este caso la MUD está adivinando “el pasado” ¿Será que la inversión nacional y extranjera que el Gobierno Nacional ha hecho posible en Vtelca, Veniran, Venirauto, Orinoquia, VIT (Venezolana de Industria Tecnológica), FANABI, Computadoras Canaima, entre otras no cuentan por ser capitales chinos e iraníes asociados con Venezuela? En telecomunicaciones jamás Venezuela había avanzado tanto. Como ejemplo está el Satélite Simón Bolívar, herramienta de avanzada, que implica transferencia de tecnología hacia nuestro país, concepto que jamás aplicaron las naciones vinculadas al eje hegemónico del norte (EEUU y Europa). Incluso existen convenios con Portugal (Caso de las computadoras Canaima) y también con Japón, aplicando el mismo tratamiento en cuanto a la transferencia tecnológica. Dentro de las principales ventajas y aplicaciones con las que contará el sistema de comunicaciones vía satélite basado en el satélite “Simón Bolívar”, se tienen: Soberanía tecnológica (por ejemplo, se tiene acceso al código fuente del satélite). Seguridad en las comunicaciones estratégicas. Entrega de diversos servicios de telecomunicaciones (voz, audio, video, datos a alta velocidad) en zonas distantes del país, que por alguna razón, aún están desprovistas de estos servicios. Telemedicina y teleducación. Soporte a la integración latinoamericana. Investigación y desarrollo en tecnologías y técnicas relacionadas con los sistemas de comunicación vía satélite: equipos en recepción (por ejemplo, estaciones VSAT), modelado de los efectos de propagación en las bandas Ku y Ka, gestión de redes, aplicaciones, entre otras. Economía: Actualmente, Venezuela paga U$ 2 mil mensuales por cada 1 MHz de ancho de banda. Posiblemente la captura de imágenes y servicios de meteorología. Asimismo para enlazar con este satélite y de acuerdo con el decreto número 7 mil 387, publicado en Gaceta Oficial número 39 mil 407, publicada este jueves 22 de abril, se autorizó la creación de la Industria Venezolana de Telecomunicaciones C.A., (Invetel). Venezuela tiene también el Centro Nacional de Tecnologías de Información. El CNTI cuenta con un equipo de asesores técnicos para acompañar a la Administración Pública en el diagnóstico, planificación y desarrollo de proyectos destinados a la adopción de Tecnologías de Información Libres. En el programa de estimulo a la investigación y la innovación se está respaldando a 7 mil 723 investigadores e innovadores, con sus respectivos reconocimientos e incentivos económicos. En 2011 se pusieron en marcha 136 Infocentros, para alcanzar un total de 853 espacios de este tipo que se encuentran en manos de las comunidades. Además ya se está diseñando el primer satélite venezolano observador de la Tierra, satélite VRSS-1 para disponer datos e imagen satelital, para distintas actividades y decisiones del Gobierno y los sectores nacionales, planificación urbana, agrícola, seguridad alimentaria, gestión de recursos naturales, vigilancia de fronteras, gestión de desastres naturales, entre otras actividades. Y en cuanto a las concesiones y habilitaciones del espectro radioeléctrico, ya vimos anteriormente en este programa de la MUD, como pretenden “subastarlo” al mejor postor, es decir a los grandes capitales. En eso existe una diferencia radical con el concepto y la línea de acción del Gobierno Revolucionario, se trata más bien de democratizar el espectro y permitir la participación protagónica del pueblo en las comunicaciones. Diversidad Sexual 90. LA MUD DICE: “Los Derechos Sexuales son Derechos Humanos fundamentales y universales. El gobierno de la Unidad Democrática se compromete a asumir, en el marco de la promoción de la dignidad humana, el respeto a la diversidad sexual.”(Punto 1165) LA VERDAD: “Desde el preámbulo de la CRBV se establece una imagen objetivo de la sociedad venezo58 lana como democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural que, a través del reconocimiento de los derechos humanos, ha de consolidar un Estado de justicia que asegure la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna. Por su parte la Ley Orgánica del Poder Popular (que tiene por objeto desarrollar y consolidar dicho poder como el ejercicio pleno de soberanía por parte del pueblo en lo político, económico y social a través de distintos formas de organización, en un sentido garantista de la vida y el bienestar social), hace referencia expresa dentro sus finalidades, al disfrute de los derechos humanos sin discriminación alguna, señalando de manera expresa los motivos de sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, lo cual constituye un paso adelante en el campo legislativo para incluir a la población LGBTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgéneros e Intersexuales ) como grupo social sujeto pleno de derecho.” “Por su parte, el Mpprij, órgano rector de las políticas de seguridad del Estado, dictó las Normas y Garantías relativa a los Derechos de las Mujeres, a la Igualdad y Equidad de Género en los Cuerpos de Policía Nacional Bolivariana y demás Cuerpos de Policías Estadales y Municipales; que incluye por primera vez en una norma interna de los cuerpos de seguridad el reconocimiento y protección expresa contra actos de discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, quedando recogido en el artículo 3, como una de las finalidades la norma erradicar las conductas o situaciones de discriminación contra las mujeres y las personas sexo-diversas y velar por la atención oportuna e integral a las víctimas de discriminación y violencia por razones de género, con el objeto de crear una cultura de igualdad en el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y demás cuerpos de policía estadales y municipales.” “De igual forma, en el marco del fortalecimiento de las redes de organizaciones de la sociedad civil y comunidades de base, Onusida brindó apoyo técnico para crear mecanismos de coordinación y articulación nacionales y regionales (en los estados Zulia, Mérida, Nueva Esparta, Carabobo y en el Área Metropolitana de Caracas) y por ámbito de interés en la Comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transexuales, Travesti e Intersexuales (LGBTTI), las personas que viven con VIH, las mujeres seropositivas y organizaciones que fomentan la prevención de la epidemia en el país.” “El Estado ha impulsado e instrumentalizado programas dirigidos a la atención de estos grupos vulnerados, siendo el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social en conjunto con la Organización no Gubernamental Divas de Venezuela la primera instancia encargada de dar inicio al diseño de un programa que busca la atención a grupos sociales vulnerados por su orientación sexual, identidad de género y/o actividad sexual, el mismo, consistirá en atender a las personas Sexo-Género diversas y a aquellas que practiquen el comercio sexual discriminadas, violentadas físicamente, sexual, social y simbólicamente534, además este programa plantea promover la tolerancia, integración y el respeto a todas las personas con una orientación sexual diferente que son objeto de violencia. Entre los objetivos específicos que perseguirá se encuentran: el brindar la atención a la población discriminada a través de un sistema de protección social; el fomentar la tolerancia, el respeto y la aceptación de esta población por parte de la comunidad educativa; impulsar la inserción y permanencia en el ámbito laboral de las personas discriminadas.” (Fuente: República Bolivariana de Venezuela - Poder Ciudadano - Defensoría del Pueblo – Informe Anual 2010)