Foto archivo
Caracas, 06 Feb. AVN.- La Corte
Constitucional de Colombia pidió al Gobierno, al Congreso y a la Fuerza
Pública asumir responsabilidades en el caso de las presuntas escuchas
ilegales la inteligencia militar al equipo negociador del Ejecutivo en
los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana, Cuba, con las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo
(Farc-EP).
Colombia es un Estado Constitucional y "las atribuciones de las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a la Constitución y la ley, siendo responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones", señaló en un comunicado el presidente de Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio.
El pasado martes, la revista Semana publicó en su portal web que servicios de inteligencia militar colombiana habrían interceptado ilegalmente las comunicaciones de varias personalidades, entre ellas las de los delgados del presidente Santos en las conversaciones de paz.
Hace una semana, por orden de la Fiscalía, fue allanado el negocio que aparentemente servía de fachada a la oficina desde donde se realizaban las interceptaciones.
En el lugar, registrado ante Cámara de Comercio como un local de consumo de alimentos, se encontraron 10 computadoras.
Palacio manifestó en su comunicado que la Procuraduría y la Fiscalía deben culminar "pronta y eficazmente las investigaciones en orden a cumplir y vigilar la garantía efectiva de las libertades ciudadanas".
Añadió que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia están definidas en la ley” y que “esa normatividad tiene por objeto poner fin a las interceptaciones ilegales y evitar que se vuelvan a presentar episodios que afectan derechos constitucionales como la intimidad, la seguridad y el buen nombre".
También remarcó que "se busca proteger el hábeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, velando por el equilibrio entre los poderes públicos".
"En ningún caso la información debe ser recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, según la Corte Constitucional".
El titular de la Corte Constitucional recalcó que tampoco se debe utilizar esa información para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o para afectar los derechos y garantías de la oposición.
Este miércoles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fijó un plazo de 10 días para que se den a conocer los resultados de la investigación interna del Ejercito colombiano con relación a las escuchas ilegales.
“Le he dado plazo (al inspector del Ejército) para que el viernes de la semana entrante me traiga los resultados", informó Santos en un acto oficial.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó el relevo del jefe de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), general Oscar Zuluaga.
Las Farc-EP también se pronunciaron al respecto. Denunciaron que el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, está detrás del espionaje.
“Claro, Álvaro Uribe está detrás de todo eso. No se les olvide que Álvaro Uribe es el enemigo público número uno de la paz en Colombia”, dijo el jefe de la delegación de las Farc-EP, Iván Márquez, en La Habana, Cuba, donde se llevan a cabo las conversaciones de paz.
El guerrillero manifestó que están seguros que los delegados de las Farc-EP también han sido espiados.
Colombia es un Estado Constitucional y "las atribuciones de las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a la Constitución y la ley, siendo responsables por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones", señaló en un comunicado el presidente de Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio.
El pasado martes, la revista Semana publicó en su portal web que servicios de inteligencia militar colombiana habrían interceptado ilegalmente las comunicaciones de varias personalidades, entre ellas las de los delgados del presidente Santos en las conversaciones de paz.
Hace una semana, por orden de la Fiscalía, fue allanado el negocio que aparentemente servía de fachada a la oficina desde donde se realizaban las interceptaciones.
En el lugar, registrado ante Cámara de Comercio como un local de consumo de alimentos, se encontraron 10 computadoras.
Palacio manifestó en su comunicado que la Procuraduría y la Fiscalía deben culminar "pronta y eficazmente las investigaciones en orden a cumplir y vigilar la garantía efectiva de las libertades ciudadanas".
Añadió que "las actividades de inteligencia y contrainteligencia están definidas en la ley” y que “esa normatividad tiene por objeto poner fin a las interceptaciones ilegales y evitar que se vuelvan a presentar episodios que afectan derechos constitucionales como la intimidad, la seguridad y el buen nombre".
También remarcó que "se busca proteger el hábeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa, velando por el equilibrio entre los poderes públicos".
"En ningún caso la información debe ser recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, según la Corte Constitucional".
El titular de la Corte Constitucional recalcó que tampoco se debe utilizar esa información para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o para afectar los derechos y garantías de la oposición.
Este miércoles, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fijó un plazo de 10 días para que se den a conocer los resultados de la investigación interna del Ejercito colombiano con relación a las escuchas ilegales.
“Le he dado plazo (al inspector del Ejército) para que el viernes de la semana entrante me traiga los resultados", informó Santos en un acto oficial.
Por su parte, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó el relevo del jefe de Inteligencia del Ejército, general Mauricio Ricardo Zúñiga, y del director de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec), general Oscar Zuluaga.
Las Farc-EP también se pronunciaron al respecto. Denunciaron que el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, está detrás del espionaje.
“Claro, Álvaro Uribe está detrás de todo eso. No se les olvide que Álvaro Uribe es el enemigo público número uno de la paz en Colombia”, dijo el jefe de la delegación de las Farc-EP, Iván Márquez, en La Habana, Cuba, donde se llevan a cabo las conversaciones de paz.
El guerrillero manifestó que están seguros que los delegados de las Farc-EP también han sido espiados.
AVN
06/02/2014 11:50
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